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Chile. Crisis en la industria de la construcción: La obra cae sobre las espaldas de la clase trabajadora

En el trimestre junio-agosto de 2022 la tasa de desocupación nacional alcanzaba 7,9 por ciento, siendo la construcción el sector más golpeado. La Cámara Chilena de la Construcción se limita a culpar que la pandemia, el estallido social y la guerra Ucrania-Rusia han sido las causas de la actual inflación. Pero la crisis económica sólo castiga al pueblo trabajador y mayorías sociales.

Una reciente investigación que revisó los datos emitidos por la Superintendencia de Insolvencia y Re emprendimiento (SUPERIR), detectó la quiebra de 244 empresas en el área de la construcción durante los últimos tres semestres.

Ello corresponde a 58 empresas del rubro que quebraron el primer semestre de 2021, a las que se agregan 76 del segundo semestre del año pasado y 110 compañías quebradas durante el primer semestre de este año.

La construcción es una industria precaria y limitada de derechos debido a su curso de trabajo temporal. Quienes se desenvuelven en los distintos proyectos, sean inmobiliarios, carreteras, puentes o grandes edificios, únicamente pueden aspirar a uno que otro beneficio logrado por alguna eventual negociación colectiva por lo que dure el proyecto.

Según el estudio, las quiebras no se relacionan con la ciudad de origen o ubicación geográfica de las empresas, sino que con proyectos que fueron adjudicados con valores y precios de dos años atrás, pero que ahora se volvieron inviables debido a la inflación. El Estado de Chile, una vez que adjudica fondos, no puede actualizarlos posteriormente, aunque los precios de los materiales suban, por ello muchos proyectos no puedan realizarse ni financiarse con precios obsoletos. Al no concretarse los proyectos, se activa el mecanismo de las boletas de garantía, cuyo vencimiento afectó directamente a las empresas que debieron solicitar créditos bancarios convencionales, generando un sobreendeudamiento que, a su vez, impide nuevas inversiones.

Uno de los ejemplos paradigmáticos que ilustra la crisis del sector corresponde al caso de la empresa constructora Claro Vicuña Valenzuela que, a fines de octubre, y luego de 65 años de funcionamiento, anunció la paralización de más de 30 obras y el despido de 2.500 personas.

Por su parte, las empresas contratistas de la industria no están dispuestos a cobrar menos a la empresa mandante para seguir funcionando, por lo que les es más rentable abandonar la obra y y dejar a la deriva a los trabajadores, sin previo aviso ni indemnización.

En Temuco, por ejemplo, a fines de octubre la empresa constructora Andes decidió despedir a un número significativo de obreros sin pagarles sus finiquitos ni salarios impagos desde hacía dos meses de atraso.

Se cae la obra sobre la espalda de la clase trabajadora.

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