Tras una semana en huelga, las y los trabajadores de la empresa Versluys de Concepción, productora y comercializadora de la industria panificadora y pastelera, sólo han obtenido de la firma que les arrebate el bono de producción, parte significativa de su salario. La ilegalidad de la empresa obligó a los empleados movilizados a demandarla en la Inspección del Trabajo por segunda ocasión, esta vez, debido a la vulneración de un derecho adquirido.
Las y los trabajadores de Versluys exigen un reajuste salarial del 6 por ciento (que ni siquiera se condice con el IPC acumulado y menos con la altísima inflación proyectada para fines de 2022); un monto para movilización y otro para fiestas patrias, entre diversos puntos.
La medida patronal de quitarles el bono de producción a los trabajadores, a modo de castigo y demostración de autoritarismo anti-diálogo, sólo recayó en los socios del sindicato, lo que constituye a toda vista una práctica antisindical.
Como se está volviendo una peligrosa costumbre, la compañía Versluys ha hecho caso omiso a los llamados de atención de la Inspección del Trabajo, que hace un par de días le extendió una invitación para realizar el proceso de una mediación voluntaria.
Hasta el momento, la empresa sólo ha ofrecido a los trabajadores un reajuste que, en la práctica, es equivalente a 850 pesos mensuales por empleado hasta la próxima negociación colectiva en tres años más.