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Chile. Convención Constitucional aprueba derecho a que los trabajadores participen en las decisiones de la empresa, y derechos a la salud, educación, vivienda y seguridad social, entre otros

El curso de la Convención Constitucional ya está ingresando en los ámbitos correspondientes a los derechos sociales más sentidos por la población. La última jornada de la CC terminó en las primeras horas de este 20 de abril, tras la aprobación del pleno de una batería de artículos que garantizan derechos que pasaron directamente al borrador de la nueva Constitución, la cual será plebiscitada el 4 de septiembre de 2022.

En la sesión se sufragó respecto del Segundo Informe presentado por la comisión de Derechos Fundamentales, donde brillan especialmente el derecho a la salud; derecho a la seguridad social; derecho humano al agua y al saneamiento; derecho a la vivienda; y derecho a la educación.

Los siguientes artículos fueron aprobados por más de 2/3:

Que “toda persona tiene el derecho a una vivienda digna y adecuada”, y que será el Estado el responsable de “asegurar el goce universal y oportuno de este derecho”.

Asimismo, se estableció un Sistema de Seguridad público para ofrecer protección en caso de enfermar, por discapacidad, vejez y otros. “Este sistema asegurará la cobertura de prestaciones a las personas que ejerzan trabajos domésticos y de cuidados”, reconociendo jurídicamente también al trabajo doméstico por primera vez en la historia. “La Constitución garantiza a toda persona el derecho a la seguridad social, fundada en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación, sostenibilidad y oportunidad”, dice su primer párrafo. Con ello, no cierra el debate en cuanto a si será un sistema solidario o se mantendrá la capitalización individual de las AFP, lo que debe ser afinado aún.

Igualmente, sobresalió la inclusión de los trabajadores y trabajadoras en la toma decisiones de las empresas en que laboran a través de representantes de sindicatos, pudiendo incluso ser parte de los directorios. En concreto, el artículo aprobado indica que, “Los trabajadores y trabajadoras, a través de sus organizaciones sindicales, tienen el derecho a participar en las decisiones de la empresa(…)”. En este sentido, además se establece que el derecho de sindicalización comprende “la facultad de constituir las organizaciones sindicales que estimen conveniente, en cualquier nivel, de carácter nacional e internacional(…)”. La propuesta de nueva Constitución asegura el derecho a la negociación colectiva, “Corresponderá a los trabajadores y trabajadoras elegir el nivel en que se desarrollará dicha negociación (…)”, no obstante, también establece que, “No podrán declararse en huelga los integrantes de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad Pública”.

En materia de Salud, el articulado que fue aprobado para ser parte de la nueva carta magna señala que, “El Sistema Nacional de Salud será de carácter universal, público e integrado. Se regirá por los principios de equidad, solidaridad (…)”.

Se aprobó que, “Las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la reparación integral”, y que, “Las víctimas y la comunidad tienen el derecho al esclarecimiento y conocimiento de la verdad respecto de graves violaciones a los derechos humanos (…)”, lo que significa un avance hacia la reparación y justicia ante los atropellos a los derechos fundamentales.

Sobre la Educación, el pleno de la CC aprobó que, “el Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación”.

También se votó mayoritariamente que, “El derecho a la ciudad es un derecho colectivo orientado al bien común y se basa en el ejercicio pleno de los DDHH en el territorio(…)”. En el mismo tema, se aprobó el derecho a la consulta de los pueblos y naciones indígenas previo a que se adopten medidas que administrativas y legislativas que les afecten.

Lo anterior se aprobó, pese a la gran presión desembozada, sistemática y concertadamente de los medios masivos de comunicación pertenecientes a los grupos empresariales que intentan desbaratar el trabajo de la Convención Constitucional, porque consideran que los derechos sociales y humanos de toda la sociedad dañan sus intereses privados.

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