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Chile. Pequeños viñateros denuncian abuso de los monopolios del sector y exigen intervención estatal que asegure igualdad de oportunidades

Los pequeños productores viñateros elevaron una carta al Presidente Gabriel Boric con el objetivo de que cumpla su compromiso de garantizar la libre competencia, la igualdad de oportunidades y el término de los abusos propios de los monopolios del sector a la hora de imponer los precios.

Abajo se reproduce la carta.

“Junto con remitir nuestros saludos, como representantes de organizaciones gremiales, territoriales,

funcionales de la pequeña y mediana vitivinicultura de las regiones de Biobío, Ñuble, Maule, O’Higgins y Valparaíso adheridos a la Coalición Nacional Viñateros de Chile desde el 2015, venimos a usted a exponer un tema relevante para nuestros representados:

PRIMERO: Hoy día volvemos a sufrir un atentado a nuestra economía familiar, sumado a la drásticas bajas productivas por prolongada sequía, la gran industria del vino en Chile liderada por Concha y Toro que volvió aumentar sus utilidades en el 2021 en un 27% con respecto al 2020, sin justificación técnica alguna en mercados, vuelve a fijar precios por uvas bajo costos que no reflejan los precios de vinos en mercado exportador. Los precios que se están pagando en esta vendimia por las uvas, se concentran en $200$300 por kilo de las cepas francesas y $140$180 por kilo de las cepas autóctonas, con costos crecientes que en el pasado ciclo bordearon en promedio los $300 por kilo, pero en este ciclo tenemos a lo menos un aumento de costos del 20% básicamente por mano de obra e insumos que están por las nubes. En el mismo sentido para producir un litro de vino se necesita en promedio un kilo y medio de uva ( $450) más el costo de vinificarlo que en promedio bordeaba $100 por litro ciclo pasado, pero el precio pagado a productor por sus vinos (granel) esta también bajo costos.

Todo lo cual está volviendo a generar cuantiosas pérdidas para pequeños productores de uva y vino (granel) que también se paga bajo costos a productores, significara en muchos casos la quiebra por no poder hacer frente a deudas, otros muchos no tendrán como continuar con ciclo productivo, lo que se traducirá en pérdidas de fuente laboral, cesantía y pobreza en las regiones vitivinícolas del país que se arrastrará hacia el futuro. A modo de ejemplo estiman perdidas en el Valle del Itata por vender bajo costos y esta asciende alrededor de ocho mil millones de pesos. Zona que vive principalmente de la vitivinicultura y que fue declarada el 2015 como zona de rezago por ser una de las pobres del país.

En el otro lado de la moneda, según información del servicio nacional de aduanas, los precios de los vinos que Chile exporta se han mantenido firmes y llegando a doblar los precios de vinos a granel pagados a productor. Alrededor del 80% de la producción de vino nacional se exporta, de aquí la relevancia de este mercado y sus precios en donde se evidencia clara distorsión que no tiene explicación técnica, más que la fijación arbitraria de precios que impone a diestra y siniestra el actor dominante de la industria abusando de su poder de mercado.

Es evidente que no existe relación entre los precios que la gran industria está pagando los vinos a productor y uvas con los precios de exportación a los cuales ellos venden. Existe una grave distorsión en una industria altamente concentrada falta de competencia y transparencia. El libre mercado no funciona, está preso por los actores dominantes. Lo anterior también representa una competencia desleal a cualquier productor de vino que compita en mercado nacional/internacional que produzca su propia uva/vino, asume costos reales de producción que se transforman en desventaja en costos en los mercados, frente a grandes conglomerados del vino que no se autoabastecen, que compran la materia prima uva/vino bajos costos o a precios subsidiados gracias a la explotación de sus productores/proveedores.

SEGUNDO: Desde el 2006, se lleva consecutivamente denunciando en la Fiscalía Nacional Económica, la última realizada en diciembre del 2018 para que esta investigue al “poder comprador altamente concentrado y verticalmente integrado, [que] explota a pequeños productores que están fuertemente atomizados y atrapados a seguir en el rubro, sin poder de negociación o de escalamiento en la cadena, debido a elevadas barreras, economías de escala, la condición estacional y perecible del producto. Este poder dominante incurre en abusos y prácticas desleales, como la fijación de precios predatorios que no cubren los costos ni guardan relación a las variables imperantes en la industria ni al valor con que el producto es percibido en mercados competitivos. Poder comprador que habría escalado en la cadena de los abusos, fijando también el precio de los vinos a productor y con ello, de manera automática, el valor de las uvas. Acciones que constituyen infracción grave a la Ley de Libre Competencia en Chile, DL 211 de 1973.

Las denuncias, con investigación en curso, han sido por abusos de posición dominante y competencia desleal en mercado de uvas y vinos en contra de las tres grandes viñas del país, las cuales tienen el 85% del mercado nacional y casi el 50% del mercado exportador de los embotellados. Estas empresas no se autoabastecen, pues necesitan alrededor un 70% de la materia prima (uva o vino) de productores externos. Estas, durante los últimos años, a pesar del estancamiento de la economía y en plena crisis viñatera han tenido jugosas/anormales ganancias, según consta en las memorias anuales que son de acceso público, ya que son sometidas al escrutinio de sus accionistas y de la SVS [Superintendencia de Valores y Seguros].

TERCERO: Cuando presenciamos y vivimos esta situación, sentimos la vulneración del espíritu de la libre competencia, de nuestros derechos y de la dignidad de cada uno de nuestros productores y sus familias. Y entendemos que las altas utilidades de las grandes empresas compradoras no provienen, entonces, de la eficiencia en su gestión, sino más bien de la expropiación de la renta de los más débiles de la cadena productiva. El actor dominante de la industria del vino, justifica los bajos precios como resultado de sobre stocks, sobreproducción, pero este argumento como otras excusas dadas, han sido técnicamente refutadas, y por otro lado si hubiese sobre stocks, el actor dominante no estaría vendiendo vino de uva de mesa de descarte, agregando agua al vino, ni expandiendo sus plantaciones que vienen aumentar los volúmenes y van en desmedro de la calidad.

Las pymes viñateras, que incluye las cooperativas de productores, NO son competitivas, tienen costos reales de producir la uva y el vino, NO como grandes conglomerados del vino, que NO se auto abastecen , y obtienen el 70 % de lo que venden de comprar/explotar a pymes la uva o vino bajo costos, sin mencionar los fraudes por uva/vino de mesa y el alargue de los caldos con agua entre otras malas prácticas, todo esto les da enormes ventajas en costos en los mercados, lo que constituye competencia desleal, así muchas han perdido mercados o no son capaces de competir.

Existen décadas de Cooperativismo infructuoso en el sector. En Maule teníamos varias cooperativas sobre 20 millones de litros, que han quebrado y las que quedan están trabajando para los grandes del vino como Concha y Toro y Santa Rita, pagando igual una miseria a los productores, lo mismo ha sucedido por décadas en Itata. Entonces no es suficiente solamente con Asociatividad. La inversión sería que se permita vinificar y exportar y asegurar la libre competencia y transparencia en mercados, cosa que está lejos de asegurar el Ministerio de Agricultura, que ni siquiera es capaz de publicar un precio en forma oportuna y veraz. Claro, es fácil vinificar y vender un par de litros en la feria o exportar un par de botellas en un segmento de nicho, sobre todo si Estado ha subsidiado, pero otra cosa es producir y vender los 40 millones de litros que produce por ejemplo el Valle del Itata o los 600 millones de litros que producen pymes en el país enfrentando una competencia desleal.

Es urgente corregir la distorsiones de mercado derivada de abusos de mercado que afectan la libre competencia para tener un libre mercado de verdad y que toda la cadena sea beneficiada, y no solo los peces gordos que obtienen utilidades explotando a productores más débiles.

Cuando la libre competencia está siendo afectada, el Estado tiene la obligación de intervenir para garantizar esta y con ello proteger el libre mercado de manera de velar por intereses transversales en pro del bien común, que es el primer principio fundamental de la constitución vigente, que está por encima del principio de Estado subsidiario, subsidiaridad que está condicionada siempre y cuando privados NO afecten el bien común y sean más eficientes que el Estado. Aquí está probado que estas condiciones no se cumplen, por tanto el Estado tiene la obligación de intervenir y existen los mecanismos para hacerlo.

Creemos en el libre mercado, pero la libertad y los abusos a los más débiles, no son sinónimos, ni van juntos. El libre comercio tiene reglas, objetivos que aquí claramente no se están cumpliendo. Los pequeños no son libres, sino más bien esclavos del actor dominante. El culpable no es la economía de libre mercado, el problema son los abusos e infracciones graves al derecho a la competencia, que ha hecho del libre comercio, un comercio falto de transparencia, injusto y en beneficio principalmente de los grandes/poderosos, donde “el pez más gordo se come al más chico”, y que ha tornado a Chile como una de las naciones con los niveles más altos de desigualdad en el mundo.

Entonces, bajo ningún término buscamos con esto el fin de libre mercado, al contrario, lo que queremos es fortalecerlo, bajo ningún término buscamos que se ordene al actual poder comprador qué precio pagar y coartar su libertad de decisión. Excelentísimo Presidente, lo que buscamos son medidas que corrijan las distorsiones o asimetrías de mercado, emparejar la cancha para todos puedan competir en igualdad de condiciones en la industria, actualmente bajo la figura de un oligopsonio abusivo; que se defiendan los derechos de todos por igual.

Para lo cual proponemos de manera de tener precios justos en línea con la libre competencia, libre mercado, constitución y leyes vigentes:

I) Formalmente definir o contar con PRECIOS REFERENCIALES para uvas y vinos a productores como lo tienen otros commodities, que reflejen los valores a los cuales se vende el vino en mercados internacionales (precios de exportación), precios referenciales que actúen como semáforos o activen la alarma frente a distorsiones que hoy existen. Así, si el “mercado real” está bajo, todos bajamos, y si el mercado real esta alto, todos subimos, en otras palabras poder hacer que la oferta y demanda opere y con ello tener libre mercado de verdad.

II) PODER de COMPRA ESTATAL que compre a precios justos a productores que reflejen precios en mercado exportador, una similar a la medida que ya hay para el trigo, que se encargue de la comercialización, a fin de inyectar competencia en un mercado altamente concentrado y verticalmente integrado,  para que los pequeños tengan una justa paga por su trabajo y sacrificio. Solo el Estado tiene las espaldas, capacidad y herramientas para competir con los gigantes que están exterminando pymes, pues las pymes no pueden y el impacto de insistir en estas políticas en los últimos 30 años las pueden revisar en último censo agropecuario.

En la década de los 80 éramos unos 34 mil viñateros, luego el 2007 solo quedamos unos 17 mil productores y los resultados preliminares del censo 2021 son aterradores. Si el Estado no interviene ahora, el motor y corazón del sector terminará por desaparecer y con ello la industria imagen país. Pierde Chile, pierden las economías regionales, pierden las miles de familias que ya no tendrán empleo ni sustento. Los grandes empresarios solo moverán sus inversiones a otro sector para seguir explotando a otros, porque en Chile NO existe libre mercado de verdad, sino libertad para explotar y abusar de los más débiles de la cadena.

CUARTO: Dada la situación catastrófica por la cual atravesamos expuestas en el primer punto, como una forma de paliar la grave crisis o mitigar sus efectos venimos de igual forma a pedir que tenga a bien considerar en forma urgente que el Estado pueda subvencionar parte de las pérdidas por hectárea, esto es, 600.000 pesos por hectárea, que corresponde básicamente a gastos por insumo por hectárea que es lo más urgente para poder continuar el ciclo productivo y así evitar la pérdida de empleo e ingresos futuros.

Por un lado, con abusos evidentes y una industria claramente no sustentable, falta de competencia, transparencia y responsabilidad social; y por otro lado, con soluciones sujetas a derecho, sentimos que la posibilidad de actuar está a la mano, pero hasta aquí ha faltado voluntad política con los gobiernos pasados. Pero ahora es distinto: por primera vez tenemos un Presidente comprometido antes de ser electo con precios justos para nuestro sector. Y no solo por la mejora en las condiciones productivas y económicas de un sector productivo específico, sino por la competitividad, imagen y equidad del país en su conjunto.”

 

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