El alza del IPC de enero de un 1,2%, alertó a los encargados de dos departamentos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), debido a que las cifras indican un escenario complejo que afectará negativamente a la gran mayoría de las y los trabajadores.
La secretaria de la ramal de Bancos y Servicios Financieros de la CUT, Andrea Marchant, indicó que el actual proceso inflacionario corresponde a un fenómeno mundial, que está causando inseguridad alimentaria en Gran Bretaña y que tiene a Estados Unidos con un aumento del IPC anual de 7,5 por ciento, el más alto desde 1982.
«En Chile, este fenómeno comenzó en plena pandemia y la preocupación es diaria. Tenemos un IPC de los últimos 12 meses de un 7,7% y, en enero, el aumento fue de 1,2%, muy por sobre el 0,5% esperado», dijo Andrea Marchant.
La dirigenta explicó que, «al 80 por ciento de las y los trabajadores en Chile no se le reajusta el sueldo por IPC, ya que no tienen contratos colectivos que obliguen a las empresas a hacerlo. De ahí, además, la importancia de fortalecer la sindicalización –hoy de un 20 por ciento de los trabajadores- para avanzar en una defensa efectiva del poder adquisitivo de los salarios».
Por su parte, el secretario de Desempleo, Informalidad y Temporalidad de la CUT, Álvaro Díaz, expresó su preocupación por el alza de precio de los alimentos, «ya que de los 76 productos que se miden en esta categoría, 63 sufrieron alzas en sus precios».
“Los principales afectados por este índice son las familias más empobrecidas que destinan la mayor parte de sus ingresos a los bienes que componen esta división», manifestó Álvaro Díaz, y agregó que, «Con la variación del Índice de Precios al Consumidor se calculan también los reajustes de algunos servicios básicos, de los arriendos, de la UF y la UTM. Así, para la gran mayoría, el salario pierde valor para comprar bienes básicos, pero además se incrementan los gastos y el pago de deudas».
Andrea Marchant abundó en que, «Si frente a esta situación el Banco Central continúa aumentando las tasas de interés, el panorama es cada vez peor, porque las familias que no disponen de salarios que les permitan llega a fin de mes, se van a endeudar con créditos cada vez más caros y ahí se genera un nuevo impacto inflacionario».
Álvaro Díaz concluyó que, «Tenemos que cuestionar los paradigmas de la economía que en Chile está llevando a una concentración de la riqueza, en clara contradicción con el bienestar de las grandes mayorías».
Entre otras causas, la inflación está asociada a la distribución social de la renta nacional (PIB), o sea, a la puja entre capital y trabajo; el predominio del dólar como moneda propia del comercio exterior en un país como Chile, extraordinariamente dependiente del precio de las importaciones y exportaciones (balanza de pagos); y otros factores que, por la condición periférica del país, vuelven más determinantes los efectos de las crisis mundiales de los centros capitalistas más avanzados sobre la economía doméstica.
El contexto se ve más agravado aun debido a la doctrina monetarista ortodoxa con que se conduce el Banco Central chileno que, con el fin de controlar la inflación de origen externo, ha elevado las tasas de interés a un histórico 4%, y sus consejeros ya hablan de aumentarlas a un 7%. Ello comportaría un superior empobrecimiento de las mayorías sociales, más desempleo, reducción de salarios reales, más trabajo informal, y el empeoramiento general de la vida.