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Chile. Por qué es necesaria mayor regulación del Estado, impuestos justos y más sindicalización de la clase trabajadora: Lo explica con sencillez el Doctor en Economía Ramón López

Ramón López es Doctor en Economía y Profesor Titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Desde una pespectiva heterodoxa acaba de publicar el artículo “Estado y Política Económica en Chile”, donde realiza una sólida crítica al sistema económico en el país, el que beneficia únicamente a una minoría gran empresarial. Asimismo, en su trabajo ofrece algunas medidas tendientes a contrapesar el predominio del gran capital sobre las clases trabajadoras y el pueblo. Adelante dejamos las conclusiones del texto del académico Ramón López, y después, el enlace que conduce al artículo completo.
 
En los últimos cincuenta años las políticas económicas han convertido al Estado en un ente subsidiario y jibarizado, lo que ha causado su incapacidad de entregar a sus ciudadanos los beneficios sociales mínimos, ha inducido a una desigualdad pocas veces vista en otros países y ha mantenido el carácter extractivo de la economía, restando a su capacidad de diversificar hacia sectores avanzados tecnológicamente para así aumentar la productividad. Al mismo tiempo, la especialización de la economía en industrias ambientalmente sucias ha causado una destrucción mayor del capital natural del país.
 
Por otro lado, el Estado se ha puesto al servicio de la oligarquía, permitiéndole a un grupo muy reducido de personas apropiarse de grandes rentas económicas y obtener, al mismo tiempo, un enorme poder. Esto ha descalabrado y consumido al país en todos los aspectos, económicos, políticos, sociales y medioambientales, y ha entregado a la oligarquía un poder ilimitado, convirtiendo el sistema en una espiral viciosa de autodestrucción del país.
 
Corresponde, pues, diseñar e implementar políticas para hacer de este Estado uno fundamental para el bienestar de sus ciudadanos y de su patrimonio medioambiental, como así lo ha hecho notar la ciudadanía. Esto requiere profundos cambios, no solo en las políticas públicas, sino también cambios institucionales. Muchos de ellos probablemente surgirán de la nueva Constitución y otros dependerán de la evolución política del país, que debiera posibilitar la elección de gobiernos verdaderamente progresistas.
 
En cuanto a las políticas claves para reducir la desigualdad se necesita transformar el sistema tributario en un sistema que elimine las tres I —insuficiente, injusto e ineficiente— haciéndolo suficiente, justo y eficiente. Suficiencia requiere llegar a un tamaño del Estado de por lo menos 34 por ciento del PIB, 13 puntos porcentuales por encima del actual nivel. Justicia requiere reducir drásticamente la evasión y elusión tributaria, reducir la dependencia en los impuestos indirectos y subir los impuestos directos, incluyendo mayores impuestos a los ingresos de capital y la creación de un impuesto a la riqueza de los superricos. Eficiencia implica el cobro de las rentas de los recursos naturales como corresponde al propietario de ellos, un royalty de magnitud significativa que permita captar la mayor parte de las rentas económicas.
 
El objetivo de lograr mayor equidad requiere profundas reformas al sistema laboral para introducir un balance de poder en las relaciones laborales entre trabajadores y grandes empresarios. Se deben eliminar las restricciones a la sindicalización, permitiendo el tipo de sindicato que escojan los trabajadores, incluyendo negociaciones por rama. El derecho a huelga debe ser permitido sin restricciones innecesarias y prohibir a los empleadores usar reemplazos en caso de huelga. Además, es importante establecer regulaciones más sólidas para proteger a los trabajadores subcontratados y diseñar medidas para desincentivar el sistema de subcontrataciones. Finalmente, el salario mínimo debe ser gradualmente llevado a niveles relativos al pib per cápita, comparables a aquellos de los países OCDE.
 
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