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Chile. Importante paso para los derechos de la clase trabajadora: comisiones de la Convención Constitucional aprueban principios de trabajo decente, justicia laboral y protección social

“La Comisión de Principios Fundamentales de la Convención Constitucional (CC) aprobó nuestra propuesta para reconocer el trabajo como un derecho, donde el Estado tiene la obligación de generar las condiciones para un Trabajo Decente, debe protegerlo y promoverlo”, informó la presidenta de la CUT, quien añadió que la aprobación se debe en gran medida al trabajo del Consejo Asesor de la Propuesta Constitucional del Mundo Sindical, “que fue presidio por Juan Somavía, a quien debemos agradecer su potente contribución al mundo del trabajo”.

El concepto de Trabajo Decente, acuñado por la OIT, contempla los requisitos de la plena libertad en la elección del trabajo; la plena libertad sindical; el respeto irrestricto de los Derechos Fundamentales de los trabajadores y trabajadoras; la protección de su vida e integridad física y psíquica; el ingreso justo y proporcional al esfuerzo realizado, suficiente para una vida digna y con una justa retribución de las utilidades generadas por el trabajo; el derecho a descanso dentro del proceso productivo, contemplando el derecho a la recreación, ocio y vida familiar; la existencia de una jornada laboral que abarque exclusivamente el tiempo necesario para cumplir con las tareas asignadas, propendiendo a la progresiva reducción de la misma, en la medida que el desarrollo tecnológico lo permita; el otorgamiento de feriado legal remunerado; la prohibición expresa de toda forma de acoso o atentado contra la dignidad y la honra de quienes laboran, muy especialmente, de las mujeres y disidencias sexuales; el principio de inclusión y no discriminación de género o de cualquier otra especie para la elección de un empleo, la asignación de funciones y la determinación de las remuneraciones, bajo el principio a igual Trabajo, igual Salario; la obligatoriedad de la protección social de la fuerza laboral; la resolución de conflictos en el marco del diálogo social y tripartito; y la sujeción de toda actividad laboral a actividades ecológicas y socialmente sustentables.

Asimismo, la Comisión de Justicia de la CC aprobó también la iniciativa de la norma de Justicia del Trabajo y Seguridad Social que indica: “Existirá una Judicatura especializada en Justicia Laboral y de Seguridad Social, como parte del Poder Judicial, la que velará por la debida aplicación de los principios del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social; bajo los principios de oralidad, inmediación, celeridad, impulso procesal de Oficio, universalidad, gratuidad y publicidad.

La comparecencia y representación judicial, es un derecho irrenunciable de las y los trabajadores, debiendo el Estado proporcionar todos los medios humanos y técnicos necesarios para que las y los trabajadores gocen de un debido proceso.

El carácter de especialidad deberá estar presente en todos y cada uno de los niveles e instancias de jurisdicción, tanto en los juzgados de primera instancia, como los tribunales superiores de justicia, correspondiendo al legislador determinar qué órgano es el llamado a impartir justicia en este ámbito. Las y los magistrados que impartan Justicia Laboral, deberán ser especialistas en la materia y en el caso de los tribunales superiores que revisen por cualquier vía, sentencias de grado, estos estarán integrados exclusivamente por sus Ministros Titulares. El Estado garantizará el acceso a la Justicia de los trabajadores y trabajadoras, en los términos señalados.”

La presidenta de la multisindical, Silvia Silva, comunicó que la semana entrante corresponde la votación “del corazón de nuestra propuesta constitucional del Mundo Sindical en la Comisión de Derechos Fundamentales, donde esperamos avanzar con el Derecho al Trabajo Decente y sus garantías, donde los poderes del Estado contarán con amplias facultades para promover, regular y cautelar la dignidad en las condiciones del empleo, garantizando la igualdad de género, sin discriminación directa o indirecta de ningún tipo en el trabajo y con derecho a gozar de un salario decente de carácter retributivo que considere su aporte al desarrollo del país”.

La propuesta de la CUT prohíbe el despido arbitrario, reconoce el trabajo no remunerado y su retribución económica en el ámbito del Derecho a la Seguridad Social, y establece la obligación del Estado de implementar políticas tendientes a lograr el pleno empleo, elaboradas conjuntamente con la estrategia de desarrollo económico sostenible y sustentable.

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