Chile. Sin nacionalización de minerales estratégicos para industrializar de manera sustentable el país, no es posible financiar los Derechos Sociales: Expertos opinan que no basta con reformas tributarias

La llamada Pensión Garantizada Universal que promociona el régimen Piñera (PGU) ha sido considerada por especialistas como “regresiva” en la medida que no aporta significativamente en el aumento de las pensiones de quienes más requieren el respaldo del Estado.

La académica de la Facultad de Administración y Economía de la Usach, Marcela Vera, analizó la iniciativa presentada desde La Moneda, abordando preliminarmente su plan de financiamiento. En eso aseveró que “las exenciones tributarias no son lo suficientemente profundas para poder financiar el proyecto”. Por otro lado criticó el hecho de que se consideren holguras que estarían contempladas en la Ley de Presupuesto para el 2022, toda vez que se proyecta un serio declive del crecimiento económico del país.

En referencia al proyecto de la PGU, la economista aclaró que las personas que reciben 176 mil pesos y fracción, recibirán un aumento mínimo de su pensión. 

En ese sentido Vera aseveró que si bien el foco del proyecto está puesto en subir las pensiones, detrás de eso hay una serie de omisiones y letras chicas que finalmente no buscan interpelar la problemática real del sistema de pensiones, lo que a su juicio hace “peligroso” aprobar esta iniciativa en la medida que podría sepultar un futuro proyecto que verdaderamente contemple una administración alternativa de los fondos, así como nuevos mecanismos de mejora y de inversión.

“En la medida que no se resuelva el origen del problema, que son las Administradoras de los Fondos de Pensiones, el sistema de inversión y cómo se distribuyen esos fondos, tampoco se resuelve cómo dar sostenibilidad a la economía financiera cómo generar inversiones que permitan generar un círculo virtuoso de generación de empleo, cómo generar un tipo de inversión que además aumente la rentabilidad”.

De ese modo, se sigue dejando en manos de los grandes empresarios, de la elite económica del país, los fondos de ahorro de los trabajadores y trabajadoras, advirtió la economista.

A raíz de las falencias de la PGU, Vera puso el acento en la necesidad de cambiar el paradigma en el camino de adoptar nuevas reformas estructurales para el país, a modo de dejar de apuntar hacia el reajuste de los impuestos como principal mecanismo de financiamiento de proyectos, considerando que “el sistema impositivo es tremendamente regresivo” e incluso “las exenciones aportan en esa noción de regresividad, que es uno de los elementos que contemplaron”, comentó.

“Los impuestos no pueden ser la fuente principal de financiamiento de un Estado para dar garantía de los derechos sociales porque en nuestro país no existen los suficientes ingresos para poder generar una adecuada tributación que permita resolver todas las problemáticas, porque si nosotros extendemos el cambio que además es mínimo, el efecto final sobre el PIB alcanza casi el 1 por ciento y eso implica que es alrededor de 3 mil millones de dólares y eso hace que uno diga ‘bueno si en pensiones se requieren 3 mil millones de dólares entonces, respecto de todas las otras demandas que existen en la sociedad ¿Cuánto vamos a requerir?’ Al menos 1 punto, 2 puntos del PIB y así vamos sumando todas las deficiencias estructurales que existen en Chile, entonces el sistema impositivo no dará abastos para financiar aquello“, observó.

En esa línea propuso adoptar los mecanismos de financiamiento que utilizan los países desarrollados, donde los bienes naturales estratégicos son de propiedad nacional y se generan a raíz de ellos un proceso de extracción, de valor agregado con las rentas de extracción y se propicia la industrialización y diversificación. Una perspectiva del desarrollo que en Chile se perdió hace décadas, lamentó Vera.

“Si nosotros logramos retomar ese tipo de discusiones lo que vamos a hacer es restablecer fuentes de financiamiento extraordinarios para que el Estado no tenga que precisamente recurrir a cambios permanentes en las reformas tributarias para intentar financiar sus programas cuando en realidad no dan abastos para el requerimientos que tiene la población”, señaló.

A raíz de lo anterior surge el debate en torno a la licitación del litio, donde la economista ve un problema relativo a la noción de propiedad y en cómo esta se distribuye al país garantizando los derechos sociales.

“Me preocupa que posterguemos permanentemente una discusión que nos permitiría restablecer una senda hacia el desarrollo. Nosotros podríamos crecer pero seguimos estando en una condición de subdesarrollo y por tanto la discusión sobre los bienes nacionales estratégicos permitiría encontrar una fuente extraordinaria para poder financiar de políticas. En ese sentido el litio y el cobre son recursos que nos podrían dar sostenibilidad financiera económica pero también nuevas fuentes de ingreso incluso para los hogares”.

En eso, cuestionó el hecho de que el Ejecutivo sometiera el litio a licitación durante la última fase del gobierno, similar a lo que ocurrió en materia de pensiones. “El Gobierno tensionó el debate, situándolo como si fuese una premisa cierta de que las empresas privadas son las que tienen que explotar este mineral y ese tipo de condicionantes hacen que entonces la discusión se centre en cómo mejorar la licitación cuando lo que hay que hacer es terminar con esos procesos de licitación, de concesiones y entonces empezar a generar una capacidad estatal que permita dar una explotación adecuada sobre esos recursos”, señaló.

Con información del Diario de la Universidad de Chile

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