Chile. El régimen Piñera quiere privatizar el litio antes de irse: De nuevo que se joda toda la sociedad para disfrute de los ricos

El pasado 13 de octubre, el Ministerio de Minería del régimen de Sebastián Piñera llamó a licitación (como se denomina a las privatizaciones en Chile) de 400 mil toneladas de litio metálico, para que se resuelva en enero del 2022. Se trata de Contratos Especiales de Operación con empresas privadas nacionales o extranjeras hasta el año 2050 para vender el litio como materia prima, en forma de carbonato de litio o hidróxido de litio. El objetivo del gobierno del gran empresariado sería “incrementar el desarrollo de la industria de litio en Chile, con el objeto de reforzar la participación estratégica de nuestro país en los mercados internacionales atendida una creciente demanda proyectada por esta sustancia mineral”.

Chile cuenta con una de las mayores reservas de litio del mundo, y este mineral tiene un estatus jurídico similar a los hidrocarburos: por su importancia estratégica es una sustancia no-concesible. Actualmente, es explotado en el Salar de Atacama -donde está la mayor concentración de litio- por Albemarle y SQM (controlado por Ponce Lerou, yerno del extinto dictador Augusto Pinochet). Las dos empresas renovaron sus contratos con Corfo un par de años atrás, acordándose un pago de royalty de hasta el 40% de las ventas. Sin embargo, aun así hay graves incumplimientos ambientales, y se sigue comercializando como materia prima, sin agregar valor.

La Comisión Nacional del Litio estableció el año 2015 el carácter estratégico de este elemento, debido a lo cual el litio adquiere valor para Chile cuando es considerado como un mineral estratégico para la transición energética.

De acuerdo a Gonzalo Gutiérrez, académico de la Facultad de Ciencias y coordinador de la “Red Litio y Salares: Ciencia y Futuro” de la U. de Chile, “venderlo como materia prima es un grave error, pues lo que se obtiene es muy poco: las exportaciones de 2019 representan solo unos 900 millones de dólares, la mitad de la exportación de vinos, 1.800 millones de dólares, y 35 veces menos que el cobre. La única forma en que el litio es económica y socialmente rentable para el país es tratarlo como un energético y subir en la cadena de valor: hacer elementos de baterías, cátodos, ánodos, pastas y, por qué no, también baterías. Eso no es una quimera, sino un emprendimiento que puede y debe desarrollar el Estado chileno”.

No obstante, y como era de esperar, el régimen Piñera no considera nada de lo anterior. Peor todavía, podría significar la destrucción de los salares, su biodiversidad y sus comunidades. Gonzalo Gutiérrez afirma que “El Salar de Atacama, cuyas cuotas de extracción contemplan más de 700 mil toneladas hasta el 2042, no resiste nuevos proyectos. Seguramente la licitación serán los restantes 60 salares, para los cuales, por la baja concentración de litio que poseen, 400 mil toneladas es una cifra muy alta para salares tan pequeños. Los salares son ecosistemas muy frágiles, y para cualquier intervención debe tenerse un modelo hidrogeológico, un estudio ambiental detallado y, por cierto, la opinión de las comunidades. Este llamado a licitación, más que “incrementar la industria del litio”, pareciera que su objetivo es dejar amarrados todos los salares con contratos de operación por 30 años más, obstaculizando así el trabajo de la Convención Constitucional, que muy probablemente establecerá un nuevo modelo de desarrollo para el país, en el cual el emprendimiento del Estado en el litio, con pleno respeto a las comunidades y al medio-ambiente, debería ser una palanca fundamental”.

Al respecto, el convencional Daniel Stingo, junto al abogado Julio Salas, denunciaron que el Ejecutivo habría acelerado este proceso para afectar al proceso constituyente.

Salas, abogado experto en políticas públicas, explicó que “nos encontramos con la sorpresa que el gobierno ha decidido iniciar un proceso de licitación, entre gallos y media noche, que se abrió el 13 de octubre, y cierra el 22 de enero del 2022. Un proceso de licitación que claramente se produce en el momento en que está en discusión el rol subsidiario del Estado, y por lo tanto, la posibilidad de que se produzca la nacionalización efectiva del litio en la Constituyente, y más aún que en el futuro poder legislativo se construya una empresa nacional del litio”.

El jurista además alertó sobre los eventuales peligros de esta licitación por vender por anticipado el litio, “ya que la empresa que se adjudique esta licitación, si se produce la esperada renacionalización del litio, podría cobrar una millonaria indemnización. Estos minerales hoy pertenecen a todos los chilenos”.

En esa línea, Daniel Stingo sostuvo que, “hoy estamos en la Constituyente dándole vuelta a la posibilidad de que el litio pueda ser objeto de renacionalización (por llamarlo así). Sabemos que, en la Constitución, los minerales son de todos los chilenos. Pero, igualmente se busca concesionar”.

Por su parte, el geólogo económico José Cabello manifestó que la licitación anunciada por el Ministerio de Minería, “una vez más muestra una falta de estrategia de Estado en el manejo de un metal considerado estratégico para el futuro energético del mundo y que nuestro país tiene las mayores reservas en los salares del norte”.

Sobre ello, el científico explicó que “se argumenta un aumento de producción sin analizar si se generará el máximo beneficio para el país. El Estado solo capturará una regalía por la adjudicación de las cuotas además de un pago variable durante la etapa de producción. Claramente poco adecuado para un metal que es jurídicamente propiedad del conjunto del país”.

Cabello criticó que no se mencione claramente la necesidad de aplicar un desarrollo sostenible a la producción de litio en el territorio. “No hay referencia que los salares son ecosistemas dinámicos y que el litio es parte de un conjunto de poli elementos: litio, boro, potasio, cloruros, sulfatos, todos contenidos en importantes recursos hídricos. Uno sospecha que no se entiende cómo desarrollar una industria minera moderna que tenga licencia social para operar”.

Asimismo, el geólogo advirtió que “llama la atención que se plantea esta licitación sin considerar los acuerdos alcanzados por la Comisión Nacional del Litio en 2015. Recordemos que ese grupo estaba integrado por 20 expertos e hicieron recomendaciones válidas y que todavía no se aplican. Tampoco hay entendimiento del momento político, donde por un lado hay un gobierno llegando a término con bajísimo respaldo y el país está diseñando su futuro institucional”.

A juicio del científico “mientras sigan ocurriendo estas improvisaciones, estaremos postergando un desarrollo nacional adecuado sin aprovechar nuestra calidad de país minero a escala mundial, pero que lo único que parece saber es llamar a otros para desarrollar sus riquezas minerales sin entender la capacidad que ha desarrollado durante años por sus propios trabajadores, profesionales y técnicos”.

En el ámbito parlamentario, la iniciativa gubernamental provocó que la diputada Daniela Cicardini, integrante de la Comisión de Minería, anunciara el envío de oficios de fiscalización de la Cámara de Diputados al ministro Juan Carlos Jobet y al Contralor General de la República.

A su vez, el diputado y electo senador Daniel Núñez señaló que, “vamos a buscar todos los mecanismos legales para oponernos a esta licitación, la que además hecha de forma como se está proponiendo a destajo, solo apuntando a la mayor extracción sin incorporación de valor agregado, pone en riesgo la sustentabilidad ambiental de los salares”.

Con varias fuentes

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