Desde el pasado 27 de noviembre las y los profesores, asistentes de la educación, funcionarios y funcionarias administrativas del Colegio Polivalente Domingo Parra Corvalán de la municipalidad de Coronel, se encuentran en la más absoluta incertidumbre debido al no pago de sus salarios a causa del congelamiento de la subvención estatal del Mineduc.
La corporación educacional Domingo Parra, a cargo del establecimiento, se excusó de pagar las remuneraciones en que la subvención fue interrumpida por un caso de corrupción al interior de su directorio. Incluso la empresa, muy ligera de cuerpo, le propuso a las y los trabajadores que pidan préstamos para compensar la ausencia de sueldos.
¿Qué pasó? La Corte de Apelaciones decidió formalizar al ex secretario del directorio de la empresa educativa, el abogado Rodrigo Sotomayor Julio, en grado de autor, por los delitos consumados de falsificación y uso malicioso de documentos públicos y privados; ejercicio ilegal de la profesión de abogado; defraudaciones y prevaricación.
La Corte resolvió la medida después que el abogado querellante presentó nuevos antecedentes contra Sotomayor, los que aducen a procesos administrativos irregulares por parte de la Secretaría Ministerial de Educación del Biobío y el cierre de la cuenta bancaria de la Corporación Educacional en el Banco Scotiabank por parte de Sotomayor.
A raíz del cierre de esta cuenta, no se han pagado las remuneraciones de los las y los trabajadores del Colegio Polivalente Domingo Parra Corvalán de Coronel, situación que acompaña al previo cierre de cuentas de Previred y del Servicio de Impuestos Internos realizados por Sotomayor, bloqueando efectivamente cualquier acción de los encargados administrativos de la Corporación.
Asimismo, se está investigando la recepción de documentación con firmas falsificadas por parte de Correos de Chile, hecho que podría representar un proceso negligente por parte de la entidad estatal.
Debido a lo anterior, los directores y docentes de la Corporación Educacional Domingo Parra Corvalán están pidiendo al Seremi de Educación del Biobío responder por las subvenciones, además de solicitar a la autoridad retrotraer el estado registral de la composición y representación legal de la Corporación a María Elena Zott Oviedo como presidenta del directorio y representante legal; y a Imelda Riquelme Contreras, como directora secretaria.
Al respecto, María Elena Zott Oviedo indicó que, «es realmente increíble que con todos los antecedentes que se han entregado a la Seremi de Educación tengan a la Comunidad Escolar tan perjudicada y a su suerte».
La corporación en cuestión administra tres escuelas de lenguaje y un colegio polivalente, con cerca de 170 funcionarios y 1.300 estudiantes en los cuatro establecimientos.
Añadido, la Fiscalía también solicitó la formalización de Moisés Fernández Bolados por delitos de falsificación y uso malicioso de documentos públicos y privados.