Contraloría sentencia que la Subsecretaría de Salud no tiene poder para inmiscuirse en licencias médicas de los trabajadores

“La Subsecretaría de Salud Pública no está facultada para dictar instrucciones en materia de licencias médicas, pues esa atribución se encuentra radicada en la Superintendencia de Seguridad Social. Oficio por el que se consulta no se ajusta a derecho por afectar la garantía de la Seguridad Social”, afirmó la sentencia de la Contraloría General de la República, respondiendo así al requerimiento solicitado por la CUT, el pasado 24 de marzo, para que se pronunciara sobre la ilegalidad del oficio B10 Nº 1047, del 19 de marzo, emitido por la Subsecretaría de Salud con la firma de la titular, Paula Daza, que autorizaba a las y los trabajadores con contacto estrecho, sospecho o contagiado Covid- 19 a teletrabajar, “de común acuerdo con el empleador”, renunciando al derecho a licencia médica.

Cuando se filtró el documento de la Subsecretaría de Salud Pública, el Presidente de la Federación de Trabajadores de la CCU, Rodrigo Oyarzún, manifestó que, “Nos rebelamos frente a la política de muerte que quiere imponernos el Gobierno”, y agregó que “No renunciaremos jamás al derecho a Licencia médica ni al derecho humano de descanso por enfermedad”.

Además, la Contraloría señaló que la circular rubricada por Paula Daza, no se ajusta a derecho: “…por cuanto afecta la garantía de seguridad social, consagrada en el artículo 19, N° 18 de la Constitución Política de la República y la regulación propia de la licencia médica en cuanto mecanismo destinado a la recuperación de la salud, al permitir que los trabajadores negocien y renuncien a la presentación de sus licencias médicas con su empleador, excediendo además las atribuciones de la anotada entidad e invadiendo las de la SUSESO (Superintendencia de Seguridad Social) por lo que dicha Subsecretaría deberá ajustar su actuación al ordenamiento jurídico”.

El documento legal emitido originalmente por la Subsecretaría de Salud y sobre el cual se pronunció la Contraloría, es propio de la naturaleza anti sanitaria, anti laboral y violadora de los Derechos Humanos del actual Gobierno, y una vez más devela el carácter oligarca, empresarial y anti social de un régimen que, desde el inicio de la pandemia por coronavirus, ha puesto los mezquinos intereses del lucro por encima del derecho a la salud de la población en general, y de las y los trabajadores en particular.

Afortunadamente, en esta ocasión, la Contraloría General de la República consideró legal y legítimo el justo reclamo de las y los trabajadores agrupados en la CUT. De no haberse interpuesto un requerimiento, nuevamente habría desaparecido otro derecho laboral.

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