Argentina. A 45 años del golpe de Estado genocida: Lo que la pandemia de impunidad nos dejó

La Federación de Trabajadores de la CCU cruza los Andes para conmemorar con nuestras hermanas y hermanos argentinos la tragedia golpista de 1976, parte del mismo entramado inhumano y siniestro en contra de la clase trabajadora y el pueblo que sufrimos en Chile desde el 11 de septiembre de 1973.

Tanto en Argentina como en Chile, fueron los asalariados y sus organizaciones las más violentadas en sus Derechos Humanos. Desde el reverso cordillerano les abrazamos para recordar y para continuar la lucha por juicio y castigo a los genocidas, como a persistir en los combates actuales por la conquista de nuestros derechos sociales.

Dejamos adelante un texto con fecha de hoy de la agrupación de Derechos Humanos HIJOS La Plata.

15 AÑOS DE ESPERAS Y DESPROLIJIDADES

El proceso de juzgamiento a los genocidas de la última dictadura en Argentina ha sido elogiado de derecha a izquierda como un ejemplo a seguir en Latinoamérica y el mundo. Pero visto desde quienes nos involucramos todos los días en esa lucha, que es política antes que jurídica, la situación es menos auspiciosa.

Desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 y hasta el 24 de marzo de 2021 el Estado argentino efectivizó 246 juicios con sentencia y como resultado se dictaron 1.459 condenas sobre 1.437 represores y hubo 222 absoluciones, todo ello por un universo de 9.639 víctimas. Por lo tanto, tomando como referencia los 200.000 efectivos que actuaron en la represión y los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los responsables del genocidio condenados representan menos del 1% del real actuante en el esquema represivo y menos de 1,5 represor por cada CCD. Para completar el cuadro, casi el 70% de los represores detenidos goza del beneficio de la prisión domiciliaria, y unos 1.590 represores imputados están en total y completa libertad.

Los juicios a los genocidas llevan 15 años de debates orales. Y no pueden durar otra década y media porque ya no habrá a quien juzgar. El cuello de botella que el Estado plantea para los juicios se ve con claridad este año en La Plata, donde está en curso el debate por los CCD de los Pozos de Banfield y de Quilmes, y la Brigada de Lanús con sede en Avellaneda, conocido como “El Infierno”. Este debate, que no durará menos de 4 años, se inició con una elevación a juicio en marzo de 2012 y fue acumulando otros tramos elevados hasta llegar a una megacausa que trabó los otros procesos orales. Porque en abril de 2020 debía comenzar el debate por el CCD “1 y 60” sede central del Cuerpo de Infantería de la Policía de la Provincia de Buenos aires, que incluía a 23 genocidas, entre militares del Regimiento 7 y del Destacamento 101, policías bonaerenses y de la Federal, por 194 víctimas. Pero el inicio lleva casi un año de retraso y varios represores fueron apartados por razones de salud o murieron impunes. El inicio de estos dos procesos lleva en verdad entre 6 y 9 años de demora. Y el impasse planteado por la pandemia de la Covid-19 sólo sumó nuevas demoras a las preexistentes.

Pero hay detalles que no dejan de sorprender. En el proceso “Banfield, Quilmes Infierno” el Ministerio Público Fiscal planteó la iniciativa de realizar una “instrucción express” por aquellos casos de víctimas que pasaron por esos CCD y que, por la propia desidia investigativa del requerimiento fiscal de elevación a juicio, no fueron parte del proceso. Ello complica la posibilidad de realizar ampliación en debate por esos casos para el resto de las querellas, es claramente un planteo sesgado porque no agrega todos los casos de las víctimas dejadas de lado ni suma nuevos imputados ya identificados, pero además si el Tribunal Oral aprueba esa modalidad estaría convalidando una selectividad procesal acomodaticia en la que nadie responde a una sencilla pregunta: ¿Por qué no se aplica el mismo criterio al resto de las causas que ya están elevadas a juicio, o por qué no se realiza el procedimiento en aquellos expedientes residuales de los que ya se juzgaron parcialmente o en varios que nunca se completaron debidamente?

La propuesta fiscal, acusación formal de parte del Estado, evidencia una urgencia y un proceder desprolijo que pretende hacer a las apuradas lo que no se hizo en tiempo y forma en su momento por no atender los planteos de las querellas de algunos organismos de Derechos Humanos que marcaron que el desguace y la fragmentación de estas causas sólo genera más impunidad.

Un punto urgente en el reconocimiento del Estado de los horrores cometidos en los CCD del Genocidio es el de los delitos sexuales, ya que sólo el 11% de los represores condenados recibieron penas por este tipo específico de crímenes, cuando sabemos que los abusos sexuales fueron prácticas sistemáticas tanto contra mujeres como contra hombres en los campos de exterminio de la dictadura y deben ser reconocidos como delitos autónomos, distintos al de la tortura. El hecho de que se trate de delitos de acción privada, es decir que requieran el consentimiento de la víctima para instar la acción penal, no debe ser una excusa para no investigar y ni sancionar esos hechos.

A 45 años del golpe genocida los juicios a los represores se encuentran asediados por distintos ejes de impunidad: el estiramiento indefinido de los procesos a favor de la impunidad biológica de los genocidas, el cuello de botella entre la instrucción de las causas y los debates orales, y las medidas ilegítimas de beneficios extraordinarios a los peores asesinos de nuestra historia, como ser las domiciliarias, las excarcelaciones y los ceses de prisión efectiva.

Esta forma parcial de juzgar a los genocidas -que se reproduce en prácticamente la totalidad de los juzgados del país- resulta funcional a los intereses políticos, tanto de aquellos que pretenden mantener la impunidad absoluta, como de quienes pregonan que es suficiente con juzgar a unos pocos asesinos paradigmáticos.

Desde la querella del espacio Justicia Ya La Plata, que integramos como HIJOS La Plata, conseguimos en 2015 el primer fallo de un tribunal oral federal del país que reconoce la comisión del delito internacional de Genocidio, en este caso en la causa por los crímenes de la Fuerza de Tareas 5 de la Armada Argentina en nuestra región. Sucede que esa sentencia aún no está confirmada en segunda instancia, hecho que comportaría un importante cambio simbólico y político en el reconocimiento de la magnitud de los crímenes de Estado cometidos durante la última dictadura. Desde Justicia Ya venimos planteando condenas por Genocidio desde 2006, en el juicio al genocida Miguel Osvaldo Etchecolatz donde desaparecieron por segunda vez a Jorge Julio López. En aquel entonces lo hacíamos en soledad, por el rechazo de otros organismos de Derechos Humanos o querellas del propio Estado. Hoy casi ninguna querella, incluido el Ministerio Público Fiscal, esquiva el planteo de llamar a la aniquilación de una parte específica del grupo nacional argentino por su nombre: Genocidio.

Nos preguntamos qué sucede entonces cuando el propio Estado argentino, que aún no ha reconocido plenamente el Genocidio, nos plantea de manera oportunista como hizo la gestión del Secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla, utilizar la ley penal para castigar el negacionismo del genocidio de la última dictadura. Ni hablar del reconocimiento estatal de sus propios crímenes, otros genocidios silenciados, como la persecución y encarcelamiento a pueblos originarios en lucha por su soberanía, las desapariciones forzadas en democracia, el gatillo fácil, las torturas en cárceles y comisarías, la trata, los femicidios, o bien el atropello a los Derechos Humanos de nueva generación referidos por ejemplo a la protección del medio ambiente.

A 45 años del golpe genocida desde HIJOS La Plata seguiremos exigiendo, gobierne quien gobierne, y mucho más mientras haya víctimas directas del Terrorismo de Estado entre los funcionarios responsables de impulsar estas políticas, mayor celeridad, criterios razonables en jueces y fiscales y la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices, sin ningún beneficio.

SEGUIMOS DICIENDO: SON 30 MIL, FUE GENOCIDIO, JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS. CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA. APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE INTELIGENCIA DE LA DICTADURA. BASTA DE PRIVILEGIOS A LOS REPRESORES. NO A LAS DOMICILIARIAS. NO A LAS EXCARCELACIONES. BASTA DE GATILLO FÁCIL Y MUERTES POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS.  SI ES INSTITUCIONAL NO ES VIOLENCIA, ES REPRESIÓN ESTATAL.

HIJOS La Plata

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