Nuevamente el Gobierno encabezado por Sebastián Piñera busca por la fuerza y entre gallos y medianoche, descargar la crisis sanitaria, social y económica sobre las y los trabajadores. Esta vez se trata del Ordinario B10 Nº 1047, fechado el 19 de marzo de 2021 y firmado por la subsecretaria de Salud Pública Paula Daza.
En el texto se instruye a los organismos responsables institucionalmente sobre la posibilidad de que las y los trabajadores puedan renunciar a sus legales y legítimas licencias médicas “con acuerdo del empleador”, aunque sean catalogados de “confirmados, probables y sospechosos” de Covid-19.
La naturaleza anti sanitaria, anti laboral y violadora de los Derechos Humanos del texto, una vez más, devela el carácter oligarca, empresarial y anti social de un régimen que, desde el inicio de la pandemia por coronavirus, ha puesto los mezquinos intereses del lucro por encima del derecho a la salud de la población en general, y de las y los trabajadores en particular.
La medida nos retorna a las luchas del movimiento obrero de hace un siglo en Chile respecto de los derechos a la salud laboral elemental de los asalariados. El Gobierno impopular y anti popular lo que persigue esta vez, con fines estrictamente lucrativos, es exponer la vida misma de los trabajadores, sin importar las consecuencias humanas y sociales que implica.
“Nos rebelamos frente a la política de muerte que quiere imponernos el Gobierno”, declaró el Presidente de la Federación de Trabajadores de la CCU, Rodrigo Oyarzún, y agregó que “No renunciaremos jamás al derecho a Licencia médica ni al derecho humano de descanso por enfermedad”.
Ordinario de la subsecretaria de Salud Pública