Profesores/as de Filosofía denuncian al Gobierno por violencia e impunidad policial que causó trauma ocular en una colega

Red de profesoras y profesores de filosofía, Chile:

Las y los profesores hemos sido objeto privilegiado de la violencia institucional. Somos el enemigo interno de turno: una de las hipótesis preferidas de este gobierno y que permite tanto desviar la discusión de fondo, como eximirse de cualquier responsabilidad. La violencia institucional contra la educación ya no sólo se expresa en la precariedad de nuestros trabajos, en la exclusión del debate, en los despidos injustificados y en los insultos de las autoridades. Se paga también con el cuerpo y la mutilación, si es necesario.

Ejemplo de esto es la brutal agresión que sufrió nuestra colega, una profesora de filosofía, el pasado viernes 19 de enero en Plaza Dignidad. La docente se encontraba de pie frente a las fuerzas policiales, quieta, con una pizarra donde se leía: “Objetivo de hoy: decir la verdad”. Recibió un impacto directo al rostro y al día de hoy se encuentra internada, en espera de una cirugía que permita establecer un diagnóstico definitivo sobre su visión.

Frente a este contexto, como Red de Profesoras y Profesores de Filosofía declaramos lo siguiente:

  1. Es intolerable el nivel de violencia policial que ha alcanzado este país, el cual es financiado de modo preferente y no es sometido a ningún cuestionamiento por parte de las autoridades, más bien, se avala con silencio e impunidad. Nos parece completamente contradictorio que se promueva un discurso de diálogo y paz social, mientras se ignora y amenaza a la población de modo permanente, profundizando el malestar para luego reprimir su manifestación.
  2. Nadie merece recibir violencia de forma gratuita. Instamos a la reflexión a quienes han normalizado estas situaciones, bajo las premisas de la obviedad o el castigo, aun cuando ni siquiera los protocolos de acción de las fuerzas policiales lo avalan. Promover la defensa dogmática de estas situaciones es una irresponsabilidad pública.
  3. Consideramos urgente, como docentes, incorporar al debate sobre las fuerzas policiales lo que respecta a su formación en general y, en particular, sobre DDHH. Es desastroso que la “educación” policial consista en una pedagogía de la insensibilización, que instruye en la deshumanización de la diferencia y en la represión de quienes no forman parte del poder hegemónico.
  4. Nos parece inadmisible contribuir al ocultamiento u omisión de las violaciones a los derechos humanos. Consideramos crucial que el Colegio de profesores y las distintas organizaciones educativas se involucren en la investigación de los hechos, no sólo condenando públicamente lo ocurrido, sino también impulsando un diálogo que permita a las y los trabajadores de la educación debatir las temáticas que hoy urgen en nuestras instituciones, considerando como un tema ineludible el respeto irrestricto a los Derechos Humanos, particularmente en las formación de nuestros y nuestras estudiantes.
  5. Hacemos un llamado a quienes hoy se encuentran postulando a cargos públicos para las futuras elecciones, a declararse públicamente en contra de este tipo de situaciones y comprometer en sus programas la justicia y reparación para todas las víctimas de violaciones de DDHH en nuestro país, con especial énfasis en quienes han sido mutilados/as, torturados/as y presos/as desde la revuelta social. No tendremos un país distinto sin reconciliación, la cual no es factible mientras no haya justicia y se sostenga la impunidad.

En momentos donde el país necesita más que nunca participar, involucrarse y reflexionar críticamente sobre su contexto, es impresentable que el gobierno, como responsable político de las acciones de las fuerzas policiales, no se haga cargo de estos hechos de violencia y continúe sin reconocer que la violencia institucional no es una política azarosa, sino un comportamiento sistemático, generalizado, innegable desde el 18 de octubre de 2019. Sólo un diálogo que admita esta responsabilidad y reconozca el derecho a la manifestación que todas y todos los ciudadanos tenemos nos permitirá alcanzar nuestro objetivo inicial: decir la verdad. Sin temor al escarmiento ni a la impunidad.

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