Proceso para una Nueva Constitución: Las máscaras de los “Independientes No Neutrales” / Opinión

La cúpula fundadora de  INN representa (y depende de) los intereses y fondos del extractivismo destructor de los territorios, cuyas prácticas  la revuelta popular ha puesto en tela de juicio

Algunas de las figuras más destacadas de la entidad “Independientes no neutrales”  (en adelante INN), que levanta precandidatos para el proceso constituyente en curso, tienen claros vínculos empresariales y promotores del extractivismo en Chile. Los INN comenzaron en agosto de 2020  a prepararse para incidir en la elaboración de una nueva Constitución y posicionarse en los medios. En el último período han estado paralelamente buscando replicar esa influencia en regiones, exhibiendo un programa que recoge muchas de las demandas del estallido del 18 de octubre y  de los movimientos sociales. También  han hecho lobby en el Congreso buscando garantías para la postulación de listas independientes como constituyentes. A diciembre, tienen un total de aportes financieros de  personas, de $20.480.000 según su web.

Baranda y el extractivismo

Benito Baranda, precandidato de la lista INN del Distrito 12, es parte del Hogar de Cristo y de una entidad denominada América Solidaria, en cuyo financiamiento de origen estuvo la empresa minera Barrick,   impulsora del destructivo proyecto Pascua Lama detenido por graves infracciones a las condiciones de su aprobación, gracias a la lucha de las comunidades del Valle del Huasco y organizaciones socioambientales de la región y el país. Baranda participa del “Compromiso de Atacama” en el cual junto a la transnacional minera figuran CORFO, FOSIS, Un Techo para Chile, América Solidaria, y el  Pacto Global de Naciones Unidas que reúne a empresarios que levantan la llamada “responsabilidad social empresarial” RSE, una iniciativa que en Chile ha significado la división de comunidades frente a proyectos extractivistas de hidroeléctricas y mineras, entre otras. Baranda viajaba a Haití y República Dominicana a dar charlas en defensa de Barrick cuando  esta empresa desarrollaba allí el  proyecto Pueblo Viejo. En 2012, la Fundación Ena Craig de Luksic se unió a América Solidaria.  Esta Fundación organiza  y recluta jóvenes latinoamericanos como voluntarios para su intervención en Haití y otros países como República Dominicana, mientras en Chile, sus voluntarios actuaron en Alto del Carmen, en pleno conflicto por Pascua Lama. Los viajes de los voluntarios se financiaron con fondos de la Agencia de Cooperación de Chile. El Estado de Chile, a través de la citada Agencia aportó también con fondos para proyectos de América Solidaria en Haití, al tiempo que Chile se hacía parte de la intervención militar de Naciones Unidas con la denominada “Misión de Paz” (Minustah) en Haití. Un estudio  realizado en 2019 por investigadoras canadienses denunció violaciones de miembros de esa Misión a cambio de comida, revelando que 21 bebés son de militares chilenos acusados de violación en Haití y luego repatriados. A estos y otros niños nacidos en iguales circunstancias se les denomina “Petit Minustah “bebés de la paz” o “bebés cascos azules”.

Rodrigo Jordán, coordinador de INN, es ingeniero industrial,  y saltó a la fama por su hazaña de llegar a la cumbre del monte Everest en 1992. El año 2004 organizó  una expedición liderada por  Andrónico Luksic quien también hizo cima allí, y se cuenta que al final Jordán debió llevarlo en brazos para que lo lograra. Jordán, fue director  ejecutivo de Canal 13 de TV, canal de propiedad del grupo de Luksic, entre los años 1998 y 2000. Es ejecutivo de América Solidaria Internacional.

Moreno  y Avina

Leonardo Moreno, del Consejo Ejecutivo de Independientes No Neutrales,  encabeza en Chile la Fundación Avina. En el medio electrónico Rebelión se afirma que Avina es una fundación financiada por el criminal negocio del amianto que lideró en el mundo, durante la mayor parte del siglo XX la familia suiza Schmidheiny, hoy una de las más ricas del planeta. ”La fundación, además del lavado verde y la estrategia de infiltración en los movimientos sociales, tiene como muchas otras, una función de hacer más ricos a sus propietarios,” señala la nota. Fue creada en 1994 por el Stephan Schmidheiny, actual dueño de Masisa, nombre de su conglomerado  forestal en América y Chile.  Como responsable de graves daños en la salud de les trabajadores  debido a contaminación por asbesto (también llamado amianto) a través del conglomerado Eternit, del que participó hasta 1989, tuvo una condena judicial  en Italia que   no se hizo efectiva por aplicación de la prescripción. El exitoso lavado de imagen de Schmidheiny, instalado  como cabeza del empresariado sustentable, comenzó en 1992, en la Cumbre de Río. Se refugió en  Costa Rica volcándose posteriormente a la filantropía, y dedicando las utilidades de sus empresas a financiar Avina con el fondo VivaTrust, a cargo de su hijo  Alex Max Sch.  Por este fideicomiso, Schmidheiny hijo figura en los “Panama Papers” descubiertos en 2006, sobre evasión del pago de impuestos de grandes consorcios internacionales. La propia fundación AVINA tiene una empresa offshore según esa fuente. Christian Verling, tesorero del Grupo Nueva (de Schmidheiny) y director financiero de AVINA, figura también en los “Panama Papers”.

Por su parte, el luchador social ecologista Lucio Cuenca, director del Observatorio de Conflictos Ambientales OLCA, criticando a los supuestos ‘independientes no neutrales’, sostiene: “Con el paso del tiempo encontramos a Avina junto a Corfo, BID, Fundación Chile, Fundación Futuro Latinoamericano, gremios empresariales y centros universitarios como un actor en procesos de formulación de políticas públicas como Escenarios Energéticos-Chile 2030 y Escenarios  Hídricos 2030, reemplazando al Estado en la búsqueda de acuerdos con las comunidades. Este reemplazo no tiene un carácter formal sino de hecho. Lo impulsan como proceso de cooperación con  la sociedad civil sin un proceso formal de consultas,  generando insumos de esos procesos para la formulación de políticas públicas en áreas como la agenda de energía y el agua”. Avina tiene alianzas con el BID y con empresas como Coca Cola y Pepsi Cola para impulsar sus políticas en Chile y la región. Las donaciones generales que obtuvieron en América Latina de diversas fuentes alcanzaron en 2018 a$ 16. US$ 16.953.364, según su  informe anual de ese año.

Temas ausentes

Ninguna de las 8 mujeres presentes en el ejecutivo de INN está vinculada a temas relacionados con los derechos de las mujeres, ni de los pueblos originarios.  Andrea Repetto, miembro de ese  Consejo Ejecutivo, es economista por la Universidad Católica de Chile, académica de la U Adolfo Ibáñez; preside  la Fundación Superación de la Pobreza y  es miembro del Consejo Asesor para la Reforma Previsional, entre otros cargos ligados al gobierno de Sebastián Piñera.

Ella es directora en Espacio Público junto a la precandidata Andrea Sanhueza, entre otros. Este centro de estudios busca incidir en políticas públicas, entre las cuales estuvo  la reforma al Sistema de Evaluación Ambiental, ampliamente criticada por las organizaciones socioambientales debido a su sesgo empresarial.   Espacio Público realiza  también consultorías a empresas tales como la minera BHP Billington para optimizar  los resultados de la llamada “inversión social” de esa empresa. Según su informe 2018, entre los principales financistas de Espacio Público, estuvo el International Development Research Centre (IDRC), National Endowment for Democracy (NED), que aportó más de $100 millones, en tanto que la Embajada de Canadá y la Fundación Konrad Adenauer figuran entre quienes aportaron menos de alrededor de $10.000.000.

Como se ve, la cúpula fundadora de  INN representa (y depende de) los intereses y fondos del extractivismo destructor de los territorios, cuyas prácticas  la revuelta popular ha puesto en tela de juicio. Su apuesta por llegar a la Convención Constituyente es la apuesta del empresariado y de quienes seguirán defendiendo en la Asamblea Constituyente el modelo neoliberal capitalista y patriarcal,  los tratados de libre comercio y las garantías para los inversionistas de las corporaciones transnacionales.

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

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