En Chile el debate recién comienza. La Federación CCU hace parte de la campaña nacional para que un 2, 5 % del patrimonio de la minoría multimillonaria colabore con aliviar la crisis social y económica que padece la inmensa mayoría de la población.
Y agrega que, “esta crisis nos da la oportunidad para volver a los derechos básicos que todos hemos estado defendiendo. Este tipo de impuestos (progresivos) ayudaron a impulsar la prosperidad y el crecimiento económico, por eso pienso que es una buena oportunidad ahora de retomar el debate tributario”.
Por su parte, la jefa del departamento Justicia Fiscal de Oxfam para América Latina, Susana Ruiz, indica que, “si este es el grupo (súper ricos) de la sociedad que ha sido menos tocado por la crisis económica y que tienen una mayor capacidad de recuperación, es justo también que la respuesta a la crisis suponga mayor esfuerzo por parte de estos actores y una de las iniciativas que planteamos es un impuesto a las grandes fortunas, al patrimonio, entre un 2,5% y 3,5% en todos los países de Latinoamérica, que permitiría recaudar un 2% del PIB de la región”.
O sea, expertos en desarrollo social del mundo, coinciden con la necesidad de gravar a los súper ricos con el objetivo de que colaboren en paliar las peores consecuencias sociales de la pandemia. Ello en un contexto nacional de desmejoramiento general de la vida, su encarecimiento, la destrucción de empleo y su precarización, entre otros dramáticos procesos contra el pueblo trabajador que se intensifican a diario.
(Con información de la CUT.)