Federación CCU: Contra la ofensiva antilaboral de la Dirección del Trabajo, unidad y lucha

Rodrigo Oyarzún: “Si las y los empleados se ven forzados por asuntos fuera de su voluntad a no poder asistir a su locación de trabajo, los empresarios están facultados para no cancelar los sueldos. Si esto ocurre, ¿cómo podrá enfrentar la pandemia y sus consecuencias la inmensa mayoría de la sociedad si eventualmente no cuenta con los medios económicos para hacerlo?”

“El dictamen de la Dirección del Trabajo es un nuevo atentado a los derechos del pueblo trabajador, a quienes producimos la riqueza y el valor en Chile”, afirmó el Presidente de la Federación de Sindicatos de la CCU, Rodrigo Oyarzún, luego que durante la tarde del 26 de marzo reciente se diera a conocer una resolución de la Dirección del Trabajo que señala que “en caso fortuito o de fuerza mayor”, como los efectos de la pandemia de COVID-19, las y los trabajadores que involuntariamente no puedan asistir a sus lugares de labor no recibirán sus salarios respectivos.

“La resolución de la Dirección del Trabajo, que debiera ser una entidad protectora de quienes vivimos de un sueldo y no lo contrario, en los hechos, contradice las mismas decisiones del gobierno central respecto de que la población guarde cuarentena”, manifestó Oyarzún, y añadió que “incluso se ha dispuesto de un Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe, que incluye hasta el Toque de Queda. Esto significa que si las y los empleados se ven forzados por asuntos fuera de su voluntad a no poder asistir a su locación de trabajo, los empresarios están facultados para no cancelar los sueldos. Si esto ocurre, ¿cómo podrá enfrentar la pandemia y sus consecuencias la inmensa mayoría de la sociedad si eventualmente no cuenta con los medios económicos para hacerlo?”.

Por su parte, los máximos dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores/as, CUT, emitieron un comunicado el mismo día del dictamen, donde lo rechazaron categóricamente, y cuestionaron su legalidad, “en el sentido que impone una suspensión de las obligaciones de la relación por la vía administrativa, lo cual es una contravención a nuestras normas legales vigentes”.

La CUT expresó que “esta decisión administrativa del Gobierno, deja a los trabajadores en la más absoluta desprotección respecto de sus ingresos, en uno de los momentos más complejos en la historia contemporánea. Creemos que con esta interpretación se destruye el fundamento mismo de la relación laboral, pretendiendo hacer pagar a los trabajadores los efectos de la crisis”.

La principal multisindical del país indicó que “desde el punto estrictamente legal, rechazamos el hecho que se utilicen normas del Derecho Civil para intentar solucionar situaciones vinculadas al Derecho del Trabajo. El dictamen de la Dirección del Trabajo privilegia los principios civiles por sobre los laborales como continuidad de la relación laboral, protección de las remuneraciones, estabilidad en el empleo, y varios otros principios del Derecho del Trabajo establecidos por nuestra legislación, la jurisprudencia de los tribunales de justicia y la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT)”.

En este sentido, la CUT recordó que “La Dirección del Trabajo, a propósito del cierre de empresas y ausencias laborales con motivo del terremoto que azotó nuestro país en febrero de 2010, emitió el dictamen 1412-021 del 19 de marzo de 2010, que estableció un significado amplio del concepto de “fuerza mayor” o “caso fortuito” en el cumplimiento del contrato de trabajo, disponiendo que los artículos 1545 y 1546 del Código Civil vinculado al efecto obligatorio y la buena fe en los contratos, resultaban aplicables ante una situación de “fuerza mayor” -como lo fue el terremoto- y que regía el principio de continuidad de la relación laboral, pese al cierre del empleador por el terremoto y las ausencias laborales del trabajador. Por ende, todos los derechos y obligaciones del contrato se mantenían vigentes”.

Consecuentemente con lo anterior, la CUT afirmó que “En la actual situación de catástrofe, generada por la pandemia del Coronavirus, se puede adoptar el mismo criterio, sin necesidad de ley, por un período acotado, para proteger los salarios de los trabajadores y no exponerlos a desvinculaciones que agravarían la situación. La Contraloría General de la República, ya aplicó este criterio respecto de los trabajadores del sector público. Exigimos al Gobierno que se suspendan de manera urgente los efectos jurídicos de este dictamen, y se convoque, a la brevedad, una “Mesa de Monitoreo de Abusos Laborales” de carácter tripartito (Gobierno, empleadores y trabajadores). No podemos sumar a la incertidumbre que vive la población por la angustia de contraer el COVID-19, el miedo a perder sus puestos de trabajo o ver mermados sus ingresos”.

El mismo 26 de marzo, la Asociación Gremial de Abogados Laboralistas de Chile, propaló una declaración en la cual se critica a la Superintendencia de Seguridad Social debido a que “Es deplorable de que recién ahora se estudie admitir que quienes no han podido trabajar por sospecha de contagio tienen el evidente derecho a acceder a los subsidios (ley 16.744). En el caso de los sospechosos de contagio, la ligazón causal con el trabajo está fuera de discusión. Las mutuales de la ley 16.744 que administran fondos públicos, no pueden restarse del esfuerzo que supone mitigar esta emergencia, más aún cuando es su deber legal”.

Así también, sobre el dictamen duramente cuestionado, el gremio de juristas sentenció que “La Dirección del Trabajo inventa una figura de la suspensión de la relación laboral que significa privar de remuneraciones a los trabajadores en medio de esta tragedia”. Al respecto, la Asociación de Abogados rechazó terminantemente “la idea del Gobierno de hacer cargar sobre los trabajadores todo el peso de la crisis, sin exigir esfuerzo alguno a las empresas. Llamamos al Parlamento a que no se deje extorsionar con el pretexto de la crisis para la aprobación de legislaciones resistidas por los trabajadores y que apuntan a la flexibilidad laboral que deteriora la protección social”.

Por su lado, el Presidente de la Federación de Trabajadores/as de la CCU, llamó a la firma a “seguir practicando la Responsabilidad Social de la Empresa, y la prioridad por las personas. Una compañía cuyas ganancias crecen notablemente, resultado de la optimización de la calidad de sus procesos, productos y servicios, y sobre todo, a que cuenta con una fuerza de trabajo de excelencia y profesionalismo probado, también debe ser justa y humana en las horas críticas que atravesamos. De la CCU esperamos la colaboración, la comprensión y el respeto de nuestros derechos, lo que reconocemos ha sido el compromiso del dueño de la empresa y de sus ejecutivos frente a la grave situación que vive el país. Sin dudas, ello comportaría una de sus ventajas competitivas”.

Rodrigo Oyarzún, fustigó al Gobierno de Sebastián Piñera “porque descriteriadamente, como ya nos tiene malamente habituados, promueve una agenda pro empresarial mediante partidas multimillonarias pertenecientes al Estado, o sea a todas y todos nosotros, destinadas a la salvación de las ganancias del gran capital. Lo mismo hace mediante las políticas monetarias adoptadas por el Banco Central, en orden a abaratar el precio del dinero para la venta de créditos beneficiosos para el gran empresariado, pero despreocupándose de las mini, pequeñas y medianas empresas. Ni hablar de los bonos miseria con los que pretende que los más empobrecidos de nuestro país logren encarar con alguna dignidad estos momentos tan duros. Por ello, y como parte constitutiva de la CUT, nos hacemos parte del llamado al carerolazo de este 27 de marzo, como a las acciones de protestas que vendrán en el futuro inmediato.”

Finalmente, Oyarzún añadió que “hoy la mayoría parlamentaria rasga vestiduras contra el dictamen de Dirección del Trabajo, sacando cuentas electorales ante una medida tan antipopular, pero el 26 de marzo por la noche, el Senado no tuvo ningún problema con aprobar una ley que se agrega a las políticas contra las y los trabajadores”.

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