El próximo martes 26 de noviembre, a las 11.00 horas en la Plaza de la Dignidad, ex Plaza Italia de Santiago, la CUT y la Federación de la CCU en ella, se concentran para exigir derechos sociales en el marco del alzamiento popular iniciado el 18 de octubre pasado.
Pliego de las Trabajadoras y Trabajadores de Chile Bloque sindical de Unidad Social
1.- Discusión inmediata de un salario mínimo nacional de $500.000 líquido para trabajadores público y privados.
Durante años hemos demandado la construcción de una Política Salarial para Chile que permita, efectivamente a cada familia, vivir de su sueldo. Además que establezca un tope a las rentas altas y que termine con las brechas salariales entre hombres y mujeres.
Este es un mecanismo complementario para avanzar en la disminución de la desigualdad de ingresos para nuestro país, pero no puede reemplazar el derecho pleno y efectivo a negociar por rama, que es el mecanismo por excelencia para contener y superar la desigualdad económica. Respecto del sector público, esta demanda no reemplaza la negociación de la mesa del sector público que año a año negocia con la autoridad.
El salario mínimo debe alcanzar para sacar al trabajador y su familia de la pobreza. Según la casen 2017 los hogares más pobres del país están caracterizados por familias donde trabaja una persona y viven en promedio 6 personas, en el primer decil y 4 personas en el segundo decil. Si queremos sacar a esta población de la pobreza por medio del trabajo, corresponde usar 5 líneas de la pobreza, lo que equivale a $510.000 líquidos
2.- Reconocimiento Pleno de la Libertad Sindical: Negociación Colectiva Ramal y respeto del Derecho a Huelga como derecho fundamental.
Si asumimos como el gran conflicto de Chile la fractura social, producto del aporte que hacemos los trabajadores y trabajadoras al desarrollo de Chile versus la retribución a este aporte en materia de salarios y protección social, es evidente que estamos muy lejos. No pretendemos que todo lo resuelva el Estado. Por eso, para avanzar en mecanismos efectivos de redistribución de la riqueza, debemos fortalecer la Negociación Colectiva a todo nivel, siendo las contrapartes del mundo del trabajo las llamadas a construir el efectivo diálogo social. Fin a todas las limitaciones al ejercicio efectivo del derecho a huelga (empresas estratégicas, servicios mínimos y adecuaciones necesarias).
Término de la subcontratación como forma de precarización del empleo.
3.- Pensión mínima equivalente al salario mínimo que proponemos
El debate de pensiones dignas no puede limitarse solo al aumento de la Pensión Básica Solidaria (financiada por el Estado). Hoy se requiere un verdadero Sistema de Seguridad Social, representado en la propuesta de la Coordinadora No + AFP, que en lo inmediato asegure -vía proyecto de ley- una pensión mínima que no sea inferior al salario mínimo de $500.000 que proponemos.
4.- Canasta de servicios básicos protegidos (agua, luz, gas, teléfono, cable, internet)
Enfrentar las desigualdades y abusos no significa solo saldar la deuda que se tiene con los trabajadores y trabajadoras en materia de ingresos. Es necesario establecer un tope de renta para servicios esenciales. Eso debe traducirse en que ningún gasto en pago de servicios, debe ser superior al 15% del salario mínimo. Considerando que las empresas son las principales consumidoras de agua (95%), el costo de ese consumo debe ser mayor para financiar, con esa diferencia, parte del consumo doméstico.
Esto, como medida inmediata, mientras se discute una nueva constitución que resuelva si servicios esenciales como los mencionados en esta canasta básica pueden seguir en manos de privados o deben pasar a ser controlados por el Estado.
5.- Transporte
Necesitamos un sistema de transporte único, que considere tanto las carreteras, autopistas, buses, metro y trenes. Estamos cerca del término de los contratos de concesión de autopistas y carreteras, con la posibilidad que su administración vuelva al Estado y, por lo tanto, el beneficio social se imponga sobre las utilidades. Junto a ello, necesitamos un sistema integrado de transporte, que asegure calidad, confiabilidad, movilidad y tarifa a todos los chilenos.
El transporte público debe ser considerado un derecho, en el marco de ciudades desiguales territorialmente. Frente a los millonarios subsidios que entrega el Estado, es necesario que esos recursos tengan un impacto en la rebaja de la tarifa de transporte.
- Tarifa Social Justa que permita el fácil acceso de los usuarios al transporte público.
- Gratuidad en el pasaje adulto mayor.
- Gratuidad en la TNE y en pasaje estudiantil.
- Eliminación de los TAG, vuelta de las carreteras a manos del Estado.
6.- Reducción de la Jornada de Trabajo
En relación a las jornadas de trabajo, creemos que Chile está en condiciones de reducir la jornada a 40 horas o menos, pues los efectos sociales y laborales son ampliamente beneficiosos para nuestro país.
La experiencia internacional y los estudios ampliamente conocidos, respaldan el hecho que las jornadas laborales son demasiado extensas en nuestro país y que los países desarrollados van tendiendo a jornadas de 36 horas.
Sin embargo, la reducción de la jornada de trabajo no puede ser una puerta a la flexibilidad laboral (precarización) que propone el Gobierno, por lo que el Congreso Nacional debiese aprobar dicha reducción sin ningún elemento de flexibilidad.
7.- Salud, Educación, vivienda: Derechos sociales.
El pleno derecho y acceso a la salud, la educación y vivienda para toda la población, deben ser la primera prioridad para el Estado. Ello debe efectivizarse a través de la priorización de sistemas públicos con financiamiento adecuado y que permitan la gratuidad en su acceso. En lo inmediato, se debe terminar con el lucro y negocio con estos derechos sociales y se debe establecer espacios reales de participación en su gestión. Una lógica similar debe establecerse para todos los derechos sociales fundamentales.
8.- Derechos Humanos
Desmilitarización permanente del territorio nacional. Investigación, juicio y castigo de las violaciones de los derechos humanos que se han ejercido durante el llamado “Estado de excepción”, estado de emergencia ampliamente transgredido al producirse más de una veintena de muertes de las que nos hemos informado, cientos de amputaciones oculares, más de dos mil heridos, las más de 6.000 detenciones ejercidas, por el uso desmedido de la fuerza.
Chile no puede permitirse nunca más, transformar la violación de los derechos humanos en el mecanismo para inhibir la diferencia e imponer políticas, como ocurriera en dictadura. Al respecto, informes de destacadas entidades mundiales, como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de DDHH, han denunciado profusamente las atrocidades cometidas por las fuerzas represivas del Estado luego de más de un mes de movilizaciones.
9.- Presupuesto Fiscal 2020
El año 2020 se prevé como uno de los años más difíciles desde la gran crisis del 2008; la guerra comercial desatada a nivel internacional, bajará las expectativas de crecimiento mundial en un 1% y la de Chile en un 0,5%, pero además debemos sumar a esto un presupuesto de la nación que hace poco y nada para reactivar la economía. Por ello, llamamos a que se discuta el presupuesto público 2020 con la mirada puesta en la protección de derechos sociales de los chilenos y chilenas. Necesitamos un presupuesto 2020 con prioridades sociales y económicas, que disminuya la desigualdad del país.
Es presupuesto presentado este año es el que menos crece desde el año 2003, es necesario al menos doblar el crecimiento a 6%, y concentrar este aumento en inversión pública con alto impacto en la creación de empleo y bienes públicos.
10.- Nueva Constitución Política vía Asamblea Constituyente
La deuda de Chile con los trabajadores y trabajadoras, no es solo una deuda sobre derechos, es también de mínimas garantías democráticas. Se nos invita a participar de los procesos electorales como el gran espacio para ejercer nuestra voz y soberanía, pero sobre los proyectos más relevantes para el futuro de nuestras vidas -como la educación, salud, vivienda, pensiones, salarios- no tenemos ningún espacio de participación directa. Hoy es necesario profundizar la democracia con más derechos, pero también con mecanismos de participación efectiva que encanten a la ciudadanía con la política.
Para construir un Nuevo Pacto Social, no basta con lograr “acuerdos”. Discutir un Nuevo Pacto Social es construir entre todos y todas una nueva Constitución, considerando la más amplia participación. Y el único mecanismo que nos permite abrir las puertas a que todas y todos nos sintamos convocados e interpelados es a través de una Asamblea Constituyente.
Somos conscientes de que ningún actor, social o político, puede ni debe atribuirse la representatividad o vocería de las mayorías sociales movilizadas, pero con esa misma claridad señalamos que no permitiremos que sean los acuerdos entre cuatro paredes los que se impongan, escudados en que no hay “propuestas” claras tras la movilización social.